La asociación ecologista ARCA y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria han presentado hoy una queja formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar la nulidad del proyecto de ley que regula el aprovechamiento eólico en la comunidad autónoma.
Estas dos asociaciones argumentan que en la tramitación del proyecto se ha incumplido el convenio Aarhus, un acuerdo que establece la obligatoriedad de contar con la participación ciudadana en el derecho medioambiental.
Así lo ha explicado hoy, en rueda de prensa, el presidente de ARCA, Carlos García, quien ha subrayado que, en un año de tramitación del proyecto de ley, el Gobierno se ha reunido con los representantes de las empresas eólicas pero no con los agentes sociales.
Según el portavoz de la asociación ecologista, han recurrido al Parlamento Europeo porque se sienten "desamparados" después de que el Gobierno no les "haya hecho ni caso" tras las numerosas ocasiones en que le han solicitado una reunión para hablar del anteproyecto, al que finalmente han accedido "a través de la web de un medio de comunicación".
García ha señalado que si su queja prospera porque el Parlamento Europeo considera que se ha incumplido la obligación de consultar a la sociedad, habrá que empezar de nuevo la tramitación.
"Pedimos la nulidad y vuelta a empezar", ha apostillado el portavoz de ARCA, quien ha recordado que las dos asociaciones pertenecen al colectivo CORE, que no tiene entidad jurídica para presentar la reclamación y ha avanzado que si la ley finalmente se aprueba, la recurrirán ante los tribunales.
ARCA y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria entienden que el proyecto de ley y el Plan Energético de Cantabria (Plenercan), también en tramitación, son "una operación cosmética, más de lo mismo".
Han denunciado que se han tramitado con "criterios economicistas" y que solo se ha tenido en cuenta a los empresarios que después "del pelotazo del ladrillo" están buscando "el pelotazo eólico". "Cuando hay dinero de por medio, los políticos pierden el sentido", ha opinado García.
También consideran que el Gobierno ha "olvidado" la seguridad jurídica en su proyecto, ya que lo ha aprobado sin un Plan Regional de Ordenación del Territorio, ni un Plenercan, que, según aseguran estas asociaciones, no va a salir a información pública.
El portavoz de la plataforma, José Miguel Martínez, ha advertido además de que la potencia eólica que se desarrollará en Cantabria puede llegar a duplicar los 700 megavatios previstos porque hay que sumar los proyectos de parques que afectan a varias comunidades y que son tramitados por el Gobierno central.
A su juicio, a Cantabria le corresponden 300 megatavios y todo lo que sea superar ese límite es por "cuestión de negocio".
Además ha alertado de que la instalación de aerogeneradores en los valles del sur va a llevar a la despoblación de una zona con una importante riqueza natural y patrimonial y un "gran potencial" para el turismo rural, que está contribuyendo al desarrollo de estos valles y creando empleo.
